En el día de ayer, en el barrio Nuestra Señora de la Paz, precisamente en Eva Duarte 462, ocurrió un presunto hecho de violencia institucional por parte de la Policía local y personal de Tránsito, hacia la familia que compró el terreno hace 4 años y paga los servicios hace 3 años. Al respecto, desde el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, dialogamos con los vecinos afectados, Camila Hayala y Braian Vergara; declaran que el personal involucrado le pegó a la familia, entre ellos, menores de edad, personas mayores y mujeres. «En ningún momento los enfrentamos, ni saliendo a la calle, ellos entraron a violar una propiedad privada», dice Hayala. Luego de estos hechos, algunos integrantes de la familia fueron detenidos y según los testimonios nadie les brindó información hasta pasadas unas largas horas en las que fueron liberados con presuntas causas judiciales.
La familia había comenzado a edificar, motivo por el cual se hizo presente un presunto dueño, quien dice haber comprado el mismo terreno hace 10 años, cuando era menor de edad y, con un boleto de compra y venta en el que figura otra dirección, declaran los vecinos. No sólo está en pugna la propiedad legal del terreno sino que ahora los vecinos tienen una denuncia de usurpación y un pedido de desalojo. En este marco, en el que intentan resolver el conflicto por las vías judiciales correspondientes junto a su abogada, nos comentaron que están sufriendo hostigamientos y amenazas. Hayala afirmó que desde un auto particular, bajó un hombre uniformado y amenazó con llevarla presa. «Le pedí el nombre y no me lo quiso decir», agregó. Vergara, por su parte, declaró que el personal involucrado «me amenazó de muerte, tanto a mí como a ella y a mi familia» y ante 6 llamados consecutivos a la comisaría, nadie se acercó a mitigar la violenta situación, «es tierra de nadie (…) nos dejaron solos», expresó Hayala.
Al día de hoy, la familia no logró efectuar la denuncia judicial correspondiente ni en la comisaría ni en la fiscalía ya que el personal administrativo no lo consideró relevante, motivo por el cual recurrieron a realizar la denuncia social en los distintos medios de comunicación locales. Asimismo, conservan videos y fotos sobre lo ocurrido y esperan que sirva como evidencia, «a las pruebas nos remitimos», concluyeron.
