Desde el Sistema de Medios Públicos seguimos el día a día de las siete familias con orden de desalojo del predio donde residen en Ruta 40 y Ruta 6. En esta ocasión, dialogamos con Juan Pablo Merlo, quien es abogado de las familias y explica la perspectiva desde la que aborda el caso.
«Estas familias no están acá por usurpadores o porque quieran tomar algo que no es de ellos», explica Pablo y agrega que algunas familias trabajaban y vivían para quienes eran dueños del campo. Una vez vendido el territorio a la flia. Belardi, las familias siguieron viviendo allí y trabajando el espacio, algunas de ellas con alrededor de 40 años de asentamiento en el predio. Con tres días de plazo, el contigente recibe una orden de desalojo para el 18 de mayo, «sin ofrecimiento de indemnización». «Estamos hablando no de objetos, sino de personas», expresa el abogado y agrega que las familias fueron creciendo, tienen hijos pequeños, cinco de ellos con discapacidades. Además, en momentos de crisis epidemiológica y sin previo derecho a defensa, el desalojo no tendría consideración de los derechos básicos de las personas incluidas en el conflicto.
Si bien el desalojo no se llevó a cabo el día 18, el abogado asegura que el desalojo es inminente y la Cámara de Apelación ya se posicionó en favor de la otra parte. La prórroga está pedida y la negociación sigue en pie, analizando la posibilidad de indemnizar a las familias a fin de que puedan reconstruir sus vidas. «Acá va más allá de la justicia porque se habla de la vida de las personas» y agrega que, si bien no tienen injerencia directa, espera el acompañamiento de las autoridades tanto locales como herenses para la protección de los derechos del grupo.
